DICIEMBRE 2019
Ya es oficial, el sistema de módulos tendrá otro año de prórroga
Como era de esperar y tal y como se negociaba entre el Gobierno en funciones y asociaciones de autónomos, el sistema de módulos tendrá otro año de prórroga. El pasado viernes se publicó la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por un año y sin que sirva de precedente no se mantendrá la incertidumbre hasta el último día.
No hay muchos cambios y los límites se mantendrán como en años anteriores. Tampoco parecía lógico hacer cambios con un Gobierno en funciones. Y menos todavía cuando la sobra de unas terceras elecciones no acaba de disiparse del todo. Pero cosas más raras se han visto, especialmente por la presión de los técnicos de Hacienda que quieren acabar con esta modalidad, o al menos reducirla al mínimo.
Ya van varios años que llevan avisando que los límites van a bajar y se han ido salvando por diferentes motivos. Pero parece que este será el último año que podrán acogerse a esta modalidad los que están en la parte alta de la horquilla de los límites. Incluso aunque se repitan elecciones hay margen de maniobra para el Gobierno.
Además tampoco hay que dar mucho margen de adaptación después de tres años de prórrogas. Lo que está claro es que muchos van a pagar bastante más de lo que lo hacen ahora cuando tengan que abandonar esta modalidad tributaria. En la era del SII, el sistema de módulos tiene los días contados.
Y teniendo en cuenta que las empresas y autónomos del País Vasco empezarán a tributar y pagar el IVA a través de Ticket Bai y otros sigan en este régimen pagando mucho menos. Si este modelo se impone, queda claro que hoy en día el sistema de módulos está obsoleto y existen mejores formas de controlar la facturación de pequeñas empresas y autónomos que unos límites preestablecidos.
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- Andalucía recorta tres tramos del IRPF y beneficia a 3,7 millones de personas
A partir del 11 de abril, los andaluces verán cómo se elimina el controvertido impuestos de Sucesiones de manera definitiva. La medida, anunciada por los nuevos inquilinos del Palacio de San Telmo, el Gobierno formado por PP y Ciudadanos, no es más que el cumplimiento de uno de los acuerdos alcanzados entre las dos formaciones, en el marco de una bajada de impuestos gradual, de la que este martes dio cuenta la Junta de Andalucía.
La eliminación de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y familias directas se recoge en la aprobación de un decreto donde se bonifica el 99 % la cuota del impuestos para los grupos de parentesco I y II. Mediante esta bonificación fiscal, recuerda la institución andaluza, esta región se sitúa entre las Comunidades Autónomas con la fiscalidad más baja en lo que a este impuesto se refiere.
Fin de un agravio fiscal
Pero la eliminación de Sucesiones y Donaciones no fue el único objeto de una rebaja fiscal que se irá aplicando gradualmente, remarcan fuentes oficiales. Además, la Junta ha aprobado un recorte del IRPF (el impuesto a los rendimientos de las personas físicas), que se implementará de forma progresiva desde el 11 de abril hasta el año 2023. A lo largo de estos ejercicios presupuestarios, desaparecerán tres tramos de IRPF, pasando de ocho tramos actuales a los cinco que se quieren alcanzar en 2023.
No obstante, el primer tramo de la tarifa (el de las rentas más bajas) empezará a reducirse para el ejercicio 2019 y alcanzará su tributación definitiva en 2020. Trabajadores, pensionistas y autónomos serán los primeros contribuyentes en notarlo en sus bolsillos desde el primer momento que entre en vigor, es decir, a partir del 11 de abril.
Esta bajada, explican fuentes oficiales de la Junta, no tendrá impacto presupuestario en la recaudación en Andalucía, hasta 2021, que es cuando se producirá la liquidación definitiva con el Estado por entregas a cuenta del tramo autonómico del IRPF correspondiente al ejercicio de 2019. Será a partir de 2013 cuando la Junta devuelva a trabajadores, pensionistas y autónomos andaluces 149 millones de euros anuales, en la aplicación en su conjunto de una medida que beneficiará a 3,7 millones de andaluces.
Los detalles de esta rebaja fiscal sobre el impuesto del IRPF, con una caída de tres tramos, se aplicarían de la siguiente manera: el primer tramo de renta pasará del 10 % al 9,5 %; se unifican tramos entre 20.000 y 28.000 (que tributa el 15 %) y, entre 28.000 y 35.000 (que tributa al 16,5 %), en uno solo. Así entre 20.000 y 35.200 se tributará el 15 %. Además, los tramos comprendidos entre 35.200 y 60.000 se integran, pasando a tributar del 19,5 al 18,5 %. Y, finalmente, a partir de 60.000 pasará el 22,5 %, y el tipo máximo pasará del 25,5 al 22,5 %.
Catorce veces menos que lo que se pagará por sentencias judiciales
En respuesta a las críticas que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín reciben del PSOE, por una bajada fiscal, que en opinión de la izquierda, detrae el dinero necesario para el mantenimiento del gasto social, y por tanto, de la mejora de estos recursos, el nuevo Ejecutivo andaluz esgrime que el impacto económico de medidas como la supresión de donaciones, solo para 2019, es de 14,7 millones de euros, una cifra muy lejana de lo que pagará la Junta por sentencias judiciales por errores de gestión en su consejería.
- Andalucía baja a un 1 % Sucesiones y Donaciones y aviva el debate fiscal regional
Mañana la Junta de Andalucía da el visto bueno a rebajar, en un 99 %, el impuesto de Sucesiones y Donaciones en la región, una iniciativa que vuelve a poner sobre el tapete la formulación de este polémico tributo que enfrenta a comunidades autónomas y, en medio del escenario electoral del 28 de abril, a los partidos políticos: la derecha apuesta por su supresión y la izquierda por su supervivencia, siempre y cuando se armonice su aplicación en las diferentes regiones.
En realidad, la decisión de Andalucía, región que está en manos del Partido Popular en alianza con Ciudadanos, y con el indispensable apoyo parlamentario de Vox, no es sino ampliar a todos los contribuyentes la decisión que ya tomó Susana Díaz en 2018 cuando era presidenta de la Junta, por presión de la formación naranja: bonificar al 99 % este impuesto pero solo para casos en los que las herencias fueran inferiores a un millón de euros.
Sin embargo, el cambio que plantea la Junta de Juan Manuel Moreno no va a darle el trono de las bonificaciones. Este es el caso de Madrid, región que reina en la reducción de este impuesto en España. En ella cónyuges, ascendientes y descendientes pagan el 1 % tanto de las herencias como de las donaciones, lo cual explica que las grandes fortunas del país hayan decidido mudarse a la Comunidad, según fuentes fiscales. Esto explica que, a pesar de su baja fiscalidad sea la autonomía que más ingresa por esta tasa, solo por debajo de Cataluña.
Las bonificaciones también son elevadas en Murcia, La Rioja y Canarias, pero con escalonamientos de las reducciones dependiendo de la situación del heredero o receptor de la donación, o el valor de la herencia.
Esta multitud de diferencias se multiplica en el resto de la geografía española. La amplia variabilidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la aplicación de las diferentes bonificaciones impiden un análisis eficaz de su impacto y sus efectos, o incluso de sus fallos.
Con todo, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha hecho un estudio sobre un ejemplo concreto: un soltero de 30 años sin hijos cuya herencia está valorada en 800.000 euros . Bajo esta premisa, la comunidad más cara para heredar de España es Asturias, seguida de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Con todo, es posible que esta clasificación cambie tras las elecciones del 26 de mayo, dado que Sucesiones y Donaciones es uno de los protagonistas de las promesas electorales.
Incremento de la recaudación
Mientras, en datos consolidados, los ingresos por esta tasa crecen. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en 2017 aumentaron hasta los 2.572 millones. En cambio, de cara a futuros datos y por las bonificaciones aplicadas por Andalucía o Aragón en el año pasado, el REAF espera que esta cifra baje en futuras recaudaciones.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones se ha convertido en carne de debate electoral, con posturas totalmente divergentes dependiendo del espectro ideológico. La derecha promete su supresión completa, a tenor de las promesas de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
En cambio, la postura de los partidos de izquierda es mucho más tibia. Fuentes del PSOE, consideran que el Estado no debe mover este avispero y se debe mantener el status quo. En cambio, Unidas Podemos se muestra proclive a homogeneizar la aplicación de este impuesto. Además, en la formación morada se muestran contrarios a las sucesivas bonificaciones al impuesto, que, bajo su punto de vista, están convirtiendo algunas regiones en paraísos fiscales.
La competitividad fiscal entre las regiones también preocupa a los propios expertos. "La solución ideal pasaría por una cierta armonización y establecer unos mínimos por debajo de los que no podrían legislar las autonomías, manteniendo la corresponsabilidad fiscal con el margen que deberían tener para incrementar o no dichos márgenes", opina Carlos Cruzado, presidente de Gestha. "Asimismo, sería conveniente establecer unas reglas generales para facilitar el pago del impuesto en situaciones de herencias con dificultades de liquidez".
